El último día de 2013 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encontraba muy ajetreada, las personas se preparaban para la celebración del Año Nuevo. Los mercados estaban abarrotados de gente que buscaba carne, bebidas alcohólicas, cotillones, fuegos artificiales, todo lo necesario para celebrar. Pero ese mismo día, en la urbanización Terracor III, ubicada en el municipio de Warnes, una niña lloraba sobre los despojos de su gato. Momentos antes, un hombre que se identificó como funcionario del Servicio Departamental de Salud (SEDES), le arrebató el animal y lo estrelló contra el piso, frente a ella, que le reclamaba. La niña, llorando, se acercó al cuerpo de su mascota, miró a aquel hombre que le daba la espalda y le dijo «me lo has matado».
Aquel hecho no se daba de manera aislada en la urbanización Terracor III. Todo lo contrario, era uno más de tantos casos que se registraban en ese momento. «Los lamentos de los animales al ser sacrificados se escuchaban por todas partes», declararon algunos vecinos que se animaron a dar su testimonio a los grupos de voluntarios que fueron a investigar los hechos. Ese 31 de diciembre de 2013 se acabó con la vida de al menos 70 animales, entre perros y gatos.
Terracor III es un condominio cerrado. Para acceder a él es preciso desviarse de la carretera que vincula Warnes y Santa Cruz, a la altura del aeropuerto Viru-Viru, seguir por un camino de tierra, muy precario, hasta toparnos con su entrada. El lugar donde se ubica es bastante desolado, solo existen algunas pequeñas construcciones que se levantan en sus alrededores. Colinda con el cauce del río Piraí y está rodeado por una frondosa vegetación. Su fachada contrasta con el entorno, debido a que es algo suntuosa; la entrada siempre está custodiada por un guardia y cerrada por una reja de acero. Sus residentes son de un estatus social elevado.
Esa mañana, alrededor de las diez de la mañana, llegaron al condominio unas personas, eran al menos veinte. Uno de ellos decía ser funcionario del SEDES, pero no tenía ninguna insignia o distintivo que lo identificara como tal y, mucho menos, un credencial que así lo acreditara. A él lo acompañaban algunas enfermeras con uniforme que trabajaban en una posta de salud cercana a la urbanización. Junto a ellas estaba otro grupo de personas, jóvenes en su mayoría, que no tenían ninguna indumentaria que los identificara como funcionarios de algún servicio de salud. Llevaban consigo unas botellas de plástico llenas de un líquido blanquecino, unas grandes jeringas y unos largos palos que en sus puntas tenían, anudadas, cuerdas.
Esas personas dijeron que se constituyeron en el lugar debido a una denuncia realizada por la señora Fátima Carrillo, presidenta de la junta de vecinos del condominio. Dicha denuncia advertía de la presencia de un perro que presentaba síntomas de rabia. Días antes y producto de las gestiones realizadas por la señora Carrillo, el animal fue recogido por la Perrera, murió a los pocos días y los resultados de las pruebas practicadas a sus restos confirmaron que el deceso se debió a la rabia.
Se presentaron como una comisión de investigación movilizada al lugar por disposición de la red de salud del municipio de Warnes. Afirmaron haber realizado una evaluación del caso de rabia que fue confirmado en la zona y, gracias a información proporcionada por los vecinos, supieron que el perro infectado había merodeado por toda la urbanización, entrado a varias casas de la zona, peleado con varios perros y tenido contacto con todas las mascotas que andaban sueltas en la calle. Finalmente, indicaron que sacrificarían a todos los perros y gatos que habrían estado en contacto con el animal infectado.
Inmediatamente, contactaron a la señora Carrillo, quien se puso al frente del operativo, acompañada de otros vecinos, de su hijo y con megáfono en mano. Recorrieron el condominio exhortando a los vecinos a que entreguen a sus animales para que se les practique la eutanasia porque muy probablemente estaban contagiados de rabia y se constituían en un peligro para las familias que habitaban en el lugar. Muchos vecinos, al escuchar esa conminatoria, entregaron voluntariamente a sus mascotas, pero otros permanecieron indiferentes al llamado.
El perro que fue diagnosticado con rabia se llamaba Chester. Sus dueños eran dos jóvenes, conocidos por los vecinos como Cheo y Jenny, ambos residentes de la urbanización. La mañana del día jueves 26 de diciembre, una vecina de la calle 5 habló por teléfono con la señora Fátima Carrillo y, muy preocupada, le informó que Chester había intentado atacar a su nieto y a su perrita, además salivaba mucho y parecía tener rabia. La señora Carrillo inmediatamente habló por teléfono con los propietarios del perro, quienes fueron a consultar con un veterinario. El diagnóstico del profesional fue que el perro podía padecer de una intoxicación alimenticia o tal vez moquillo, y recomendó que permaneciera atado y bajo observación. Los dueños de Chester comunicaron el diagnóstico del veterinario a la señora Carrillo y ésta, a su vez, informó del resultado a la vecina de la calle 5.
Al otro día, Jenny llamó nuevamente a la señora Carrillo, le comunicó que su perro estaba peor, mordía la cuerda con la que estaba amarrado, salivaba mucho y era muy agresivo. “Ya hemos ido al veterinario pero no lo quiere matar, dice que tenemos que esperar siete días para que muera y confirmar que es rabia”, le dijo la muchacha. La señora Carrillo le respondió que tuviera cuidado porque esa enfermedad era muy peligrosa y corrían riesgo los más cercanos al animal si entraban en contacto con su saliva. Le solicitó que espere un momento, mientras hacía algunas llamadas.
Primero llamó al SEDES y habló con el doctor Johnny Ruiz, quien la derivó con el Programa de Control de Rabia ZOONOSIS. Éstos la derivaron con la Perrera Municipal, que no quiso atender el caso porque Terracor no estaba en su jurisdicción. Posteriormente llamó a Defensa Ciudadana, de donde fue derivada a Alerta Temprana y, por fin, fue atendida: mandaron a la Perrera, que llegó al condominio y recogió al perro.
El día lunes siguiente, funcionarios de la Perrera llamaron a Jenny y le confirmaron que el perro había muerto por rabia. La muchacha se contactó con la señora Carrillo y le informó lo sucedido. La señora Carrillo se comunicó nuevamente con Alerta Temprana, quienes le indicaron que hablara con la red de salud del municipio de Warnes. Los responsables de salud de Warnes tomaron dos medidas: la primera, instruir la vacunación de todas las personas que estuvieron en contacto con el animal y, la segunda, despachar una comisión de funcionarios para evaluar la situación en la zona y proceder con el bloqueo de foco, consistente en eliminar a todos los animales que, en un radio de un kilómetro, se supone tuvieron contacto con el caso positivo.
Producto de esta situación, en el barrio comenzaron a difundirse muchos rumores. Por ejemplo, se decía que una mujer estaba gravemente enferma de rabia en el hospital, que el perro le había lamido la mano a un niño… Los vecinos entraron en pánico. A estos rumores se sumó la noticia de una mujer fallecida recientemente en Warnes producto del mal de rabia, hecho que sería desmentido posteriormente por el director del SEDES, Roberto Fernández.
Cuando la noticia de los hechos ocurridos en Terracor III fue de dominio público, los funcionarios del SEDES en un principio aceptaron su responsabilidad y se justificaron argumentando que actuaron conforme a la Resolución Ministerial 1500 de 4 de noviembre de 2011 (Norma Nacional de Profilaxis Para Rabia Humana y Animales Domésticos). Dicha norma establece que, una vez confirmado un caso positivo de rabia, se procederá a realizar el bloqueo de foco, consistente en aplicar medidas de prevención de rabia, tanto en personas como en animales, en un área de un kilómetro a la redonda de donde apareció el primer caso.
La norma antes mencionada también establece que a los animales que tuvieron contacto con el caso positivo, estén o no vacunados, se les debe practicar la eutanasia. Según las autoridades responsables del SEDES, lo que se practicó a los animales de la zona fue efectivamente eutanasia. ¿Qué es eutanasia? El proyecto de la nueva Ley de Protección a los Animales define eutanasia como: «muerte digna y sin sufrimiento mediante métodos humanitarios que eviten cualquier clase de dolor o sufrimiento innecesario».
Pero, en este sentido, se sabe por declaraciones de testigos que fueron recogidas por voluntarios de organizaciones defensoras de animales, fotografías que circularon por internet, videos mostrados por la televisión, que lo que se les practicó a los animales de Terracor III no fue una eutanasia, sino una matanza, perpetrada con la mayor saña y alevosía.
«Fueron casa por casa, sólo nos decían que había una epidemia de rabia, que los animales tenían que ser sacrificados, no mostraban credenciales y, si alguien se resistía, lo amenazaban diciendo que vendrían con fiscales y policías al otro día». Éste es uno de los testimonios que pudieron recabar voluntarios defensores de los animales que se constituyeron en el lugar al día siguiente. «Sacaban a los perros de las casas. Un simple perro de esos enanitos largos, absurdamente atado con soga en el cuello, era apretado contra el piso por las rodillas de dos hombres. En eso, otro tipo llenaba inmediatamente la jeringa con el líquido de la botella y se lo aplicaba. El perro hacía unos gemidos que, la verdad, duele mucho recordar”, dice otro testimonio.
Los funcionarios del SEDES, convencidos de la legitimidad de sus acciones, recorrieron la urbanización matando a cuanto animal se pusiera enfrente de ellos, ante la indiferencia de algunos vecinos, la indignación de otros y la resignación de la mayoría. La masacre se detuvo cuando llegaron al lugar los medios de comunicación, pero quedó pendiente para continuar al otro día porque el decreto 1500 establece que el bloqueo de foco se hará hasta un plazo máximo de 48 horas después de confirmado el caso.
Esa misma noche los medios de comunicación televisivos difundieron la noticia de los hechos ocurridos en Terracor III. «Yo me enteré en la noche, viendo las noticias», nos dijo Tatiana Roig, presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA Santa Cruz). «Había otros grupos que tenían conocimiento de lo que iba a pasar, pero no pudieron movilizarse por el tema del feriado. Al otro día fuimos al lugar e instalamos una vigilia porque supimos que iba a continuar la matanza. Fue nuestra presencia la que impidió que la masacre continuara», aseguró.
Una vez que el caso fue expuesto en los medios de comunicación, inmediatamente recibió el repudio de la población, pero fueron las redes sociales las que más lo difundieron. La información se disparó. Muchos de los voluntarios que acudieron al día siguiente a Terracor y recogieron los primeros testimonios de las víctimas, comenzaron a publicarlos por internet. Así, la cobertura fue grande. «La información nos llegaba por Whatsapp y nosotros la publicábamos”, declaró Vane KT (nombre que usa en su cuenta de Faceboock), un activista por los derechos de los animales que publicó abundante información sobre la masacre y con quien sostuvimos una conversación a través de la misma página.
Vía internet comenzaron a circular algunas imágenes en las que se podía observar a la presidenta de la junta de vecinos de la Urbanización Terracor III junto a los cuerpos de los animales y a su hijo transportándolos para luego ser amontonados en el monte.
Los representantes del SEDES que, en un principio admitieron su participación en los sucesos justificándose en que cumplían las normas, posteriormente y a través de una conferencia de prensa brindada por su representante Roberto Fernández, la negaron, indicando que la atención del caso era competencia del municipio de Warnes. El alcalde de Warnes Mario Cronenbold, en declaraciones a la prensa, negó que el municipio tuviera alguna participación en este hecho y aseguró que instruiría una investigación para esclarecer las denuncias.
Los grupos de animalistas emprendieron una movilización que tenía por finalidad esclarecer la matanza de mascotas y sancionar a los responsables. Lograron articular de esta manera a la comunidad animalista de Bolivia. El bloque Santa Cruz está formado por las agrupaciones APA, Amigos de los Animales Abandonados (AMAA), Animales Libres, Ayuda Felina y los animalistas independientes. Este movimiento utilizó las redes sociales para difundirse y finalmente logró convocar para el 8 de enero a una marcha de protesta que se llevó a cabo de manera simultánea en siete departamentos de Bolivia. De las manifestaciones realizadas, las más importantes fueron las que se llevaron a cabo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Las marchas fueron muy pintorescas. En La Paz la gente se manifestó acompañada de sus mascotas, la movilización fue numerosa, y los marchistas pidieron, al unísono, cárcel para Fátima Carrillo. En Santa Cruz se encendieron velas en homenaje a los animales sacrificados. Otro reclamo que se hizo sentir bastante en las marchas fue la necesidad de una ley de protección a los animales.
Lamentablemente, el caso de Terracor III no es el único caso de crueldad con los animales que se registra en el país. Un caso también muy importante se dio en agosto de 2012 en el municipio de San José, distante a 140 km al norte de Santa Cruz. Por órdenes del alcalde, se repartió carne envenenada entre los perros vagabundos, causando la muerte de por lo menos 200 y afectando a otros animales, como patos y cerdos.
El alcalde de San José justificó sus acciones indicando que se realizaron como una medida para controlar la sobrepoblación de animales vagabundos. En las imágenes transmitidas por los medios de comunicación se puede ver cómo un tractor de la Alcaldía recoge, de las calles del poblado, una gran cantidad de perros muertos, y cómo activistas por los derechos de los animales reclaman por el proceder de las autoridades.
Es necesario destacar que en ambos casos, tanto en San José como en Terracor, fueron las autoridades quienes perpetraron los actos de crueldad contra los animales.
Otro caso que conmocionó a la población fue la marcha de protesta que realizaron los matarifes del municipio de Quillacollo, Cochabamba, demandando la construcción de un matadero municipal. En dicha marcha mataron ganado en la plaza, que está frente al edificio de la Alcaldía, y pintaron consignas en el piso con la sangre de los animales muertos.
Ejemplos como éstos abundan. Por eso, organizaciones protectoras de animales se han pronunciado de manera insistente en favor de una ley que defienda a los animales. «Hemos querido canalizar todo el movimiento que se ha suscitado a consecuencia de lo sucedido en Terracor III, para presionar que se apruebe de una vez la ley en defensa de los animales», nos dice en una entrevista Sandro Fernández, presidente de la Sociedad Protectora de Animales (SOPRAMA). «Tuvimos el contacto con Betty Tejada (en ese entonces, presidenta de la Cámara de Diputados), quien garantizó su apoyo para la aprobación de la ley», concluyó Fernández. Pero Tatiana Roig todavía se muestra escéptica con el tema de la ley. «Sí, es verdad que la ley está aprobada en grande, pero al final todo ha quedado en nada porque, como ha habido cambios de autoridades en el Congreso, su tratamiento ha sido postergado y no hay fecha para que se reanude», lamenta ella.
En el caso de Terracor III, muchos son los testimonios difundidos, especialmente a través de las redes sociales, que dan cuenta de la crueldad con que se trató a los animales. «Entraron a mi casa y dijeron que iban a poner una vacuna a mi perro, no sé qué le habrán puesto, pero ahí quedó», registran los documentos de los voluntarios que investigaron el caso.
La matanza de animales solo fue investigada por jóvenes voluntarios porque ninguna autoridad, pese al compromiso del alcalde de Warnes, intentó indagar en el caso. La información que se pudo recopilar es producto del trabajo de las agrupaciones animalistas que, bajo su propio riesgo, se dirigieron al lugar de los hechos en varias oportunidades para esclarecer lo sucedido. Una de estas personas es Tatiana Roig, con quien conversamos para que nos cuente los resultados de sus investigaciones.
En los primeros contactos que tuvieron los voluntarios con la gente que habita en el condominio percibieron que los vecinos estaban abiertos a contar lo que había pasado, pero después esta actitud cambió, mostrándose hostiles hacia cualquiera que fuera indagar sobre el tema. «Fuimos en cinco oportunidades, las cinco veces pudimos entrar, pero ya cuando los vecinos vieron que nos atrevíamos a todo y que no teníamos miedo, comenzaron a cambiar de actitud», relató la entrevistada.
«En una oportunidad que fuimos a buscar cuerpos de animales porque nos habían indicado que una parte de los restos habían sido arrojados al río, otros quemados y otros enterrados, buscamos por los alrededores de la urbanización y cerca del río pero no encontramos cuerpos, la corriente estaba fuerte. Ya al volver, vimos que la puerta de la urbanización estaba abierta y entramos. Primero nos fijamos que no había nadie y que no nos habían visto, y llegamos a la loma, un área verde que está al fondo de la urbanización, donde hay plantas y árboles. Nos pusimos a buscar algún sitio donde la tierra estuviera levantada y encontramos en el lugar un bañador con sangre y, al lado, un promontorio de tierra. Fuimos con guantes y bolsas, y desenterramos tres cuerpos: un perro de raza cocker y dos gatos de raza mestiza».
Los cuerpos recuperados fueron llevados a un frigorífico y, posteriormente, se les practicó una necropsia. Los resultados fueron: por un lado, que el perro había muerto por asfixia; y, por otro, que los gatos presentaban fracturas múltiples en la cabeza, tenían el cuello roto y desprendimiento de vértebras. En los tres casos, los animales presentaban las extremidades entumecidas, lo que es un signo de padecimiento a la hora de morir. Cuando se hace una eutanasia de manera correcta, las extremidades de los animales no quedan de esa manera.
Los voluntarios sospechan que el cambio de actitud de los vecinos del condominio, que en un principio se mostraban cooperativos y después hostiles con cualquiera que preguntara sobre el tema, se debe a que existe intimidación por parte de los promotores de la matanza. “La gente está asustada, yo tengo el testimonio de una señora que, llorando, me dijo que no quería problemas, que ya la habían amenazado”, afirmó Tatiana Roig, mientras desarrollamos la entrevista.
Particularmente, cuando nos dirigimos al lugar para recabar información sobre el tema, no nos permitieron el ingreso al condominio. El guardia que cuidaba la entrada, un hombre mayor, pequeño, balbuceando un pobre castellano, lo único que decía era «no puede pasar”.
Mientras tratábamos de persuadir al guardia para que nos permitiera el ingreso, apareció otro hombre, también mayor, calvo pero con algo de cabello en el contorno de su cabeza, que llevaba unos papeles en la mano. Este hombre, al vernos en la entrada, preguntó qué pasaba, nos acercamos a él y le explicamos la razón por la que nos constituíamos en el lugar, esperando que comprendiera que nuestras intenciones eran legítimas y nos autorizara la entrada, pero sucedió todo lo contrario: el hombre se irritó bastante y nos respondió con un tono de voz soberbio: “yo le voy a decir qué investigar, primero investigue cuántos abortos hay en Santa Cruz; cómo pierde su tiempo investigando sobre perros”. Al escuchar esto, comprendimos que sería inútil continuar insistiendo y nos retiramos del lugar. Al alejarnos, aquel hombre calvo continuó refunfuñando en voz alta: “investigar perros, quién quiere investigar perros”.
Volvimos nuevamente a los dos días para intentar hablar con algún vecino del condominio. Esta vez esperamos afuera, sobre el camino. Pudimos dialogar con dos personas: una señora ya mayor que al principio de la charla se mostró amigable, pero que cambió totalmente de semblante cuando tratamos el tema; la otra persona fue un muchacho y, de la misma forma, se negó a conversar sobre los sucesos del 31 de diciembre del año pasado. Finalmente, abandonamos el lugar, porque comenzó a llover y no había un sitio donde guarecerse. La impresión que tuvimos fue que los vecinos no querían hablar porque el tema les resultaba incómodo; simplemente no querían recordar más ese día, ya sea por miedo, vergüenza o remordimiento.
Por las historias que se conocieron en la prensa y las redes sociales, se creó una imagen muy negativa de los residentes de Terracor III. En muchas columnas de opinión que se publicaron en la prensa, se reclamaba por la actitud de los vecinos que no defendieron a sus animales, sino todo lo contrario, los entregaron para que sean cruelmente eliminados. Pero no todos los vecinos permanecieron pasivos ante la matanza. Algunos sí se enfrentaron a los funcionarios que estaban encargados de eliminar a los animales, como dos hermanos que defendieron a puño limpio a su perro, y que a los dos días fueron visitados por la Policía pidiendo cuentas por la golpiza a los trabajadores del SEDES. Otro caso a destacar es el de una señora que, con los carnets de vacunación en mano, logró echar a los funcionarios de su casa, y salvar a sus animales.
Pero estos casos son los menos. Las historias sobre la crueldad con que se perpetró la matanza son muchas más. De los relatos más crudos están los que aseguran que a los perros que no podían morir se los asfixiaba o se les introducía fierros por la boca para perforarles el cerebro, se los mataba golpes, o incluso hay testimonios que afirman que algunos fueron quemados vivos.
Entre los testimonios más desgarradores están los referentes a los gatos. Cualquier persona que cría gatos sabe que no son fáciles de controlar, ya que son muy ágiles y feroces. A estos animales, al no poderles inyectar el formol, se les partía la cabeza, o se los estrellaba contra las paredes y contra el piso. De las imágenes más conmovedoras que fueron transmitidas por la televisión están aquellas en las que se ve cómo los niños del condominio eran obligados a perseguir a sus propios perros para entregarlos.
Por las declaraciones que nos brindó Tatiana Roig y los resultados de las necropsias practicadas a los cuerpos que fueron recuperados por su organización, podemos apreciar que estos testimonios no están alejados de la realidad. Además, en las fotos que circularon por internet se puede ver cómo los cuerpos de los animales muertos son tratados sin ninguna consideración. Se puede apreciar evidentes signos de crueldad, también desprecio a sus vidas, porque mientras los cuerpos yacen apilados en una carretilla, la presidenta de la junta de vecinos Fátima Carrillo permanece sonriendo al lado de ellos.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención en este caso es el tratamiento que se les dio a los restos de los animales sacrificados. Por información recopilada de los vecinos por los grupos de voluntarios que investigaron en primera instancia, se sabe que cuando la presidenta de la junta vecinal preguntó a los funcionarios del SEDES qué harían con los cuerpos de los animales, éstos le contestaron que no sabían y los abandonaron en el lugar, dejando a los vecinos la responsabilidad de hacerse cargo de los mismos. «Fue por ignorancia que los vecinos, al no saber qué hacer con los cuerpos, decidieron primero quemarlos pero, como eran demasiados, enterraron a la mayoría. Son esos cuerpos los que hemos encontrado. Además, hay otras personas que dicen que a las cuatro de la mañana arrojaron un gran número de cuerpos al río; este hecho no lo hemos podido constatar porque la corriente estaba muy fuerte y no encontramos ningún cuerpo en los alrededores», aseguró Tatiana Roig.
Tanto por las fotografías que circularon por internet, las imágenes mostradas en los canales de televisión y el hallazgo de la fosa donde fueron enterrados los animales, es posible afirmar que los funcionarios responsables de llevar a cabo el bloqueo del foco de rabia en la zona, no realizaron un manejo adecuado de los restos, como manda la Ley de Medio Ambiente, ya que éstos eran desechos peligrosos y merecían un tratamiento especial.
Así lo hace notar Tatiana Roig, quien indica que se cometieron delitos ambientales porque esos restos deberían haber sido retirados e incinerados, pero se los abandonó en el lugar. Contradiciendo el discurso de las autoridades que indican que velan por la salud de las personas, los cuerpos de los animales, posiblemente con rabia, quedaron y pudieron constituirse en un foco de infección. «Lo más grave es que han dicho que los iban a enterrar, pero mentira, ahí en la loma los han quemado hasta las siete de la noche». Así declaró una mujer frente a las cámaras de un medio de comunicación; la mujer lloraba desconsoladamente y reclamaba por el sacrificio de su mascota.
Sobre el estado actual de las personas que habitan en el condominio, se sabe que se encuentran arrepentidas, que sienten que les han atropellado sus derechos y que hay niños que no pueden dormir en la noche.
Esta crónica se elaboró en el marco del Taller de Crónica Periodística de la UEB.
